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Un informe de 339 páginas registrado en las Cortes Generales recoge 35 recomendaciones a las administraciones para garantizar el derecho a la vivienda, según informó EFE.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, registró este martes en las Cortes Generales el informe «La efectividad del derecho a una vivienda digna y adecuada. Un problema social crítico». El documento incluye 35 recomendaciones, entre ellas ampliar la vivienda pública, fomentar el alquiler asequible y limitar los pisos turísticos donde perjudiquen al alquiler de vivienda habitual.1
El informe nace de una investigación abierta en junio de 2025 con el Ministerio de Vivienda, las 17 comunidades autónomas, Ceuta y Melilla y los diez ayuntamientos más poblados, ante el aumento de quejas por las dificultades para acceder a una vivienda o mantenerla. Según el documento, el parque de alquiler social suponía en 2024 el 3,3 % de las viviendas principales, frente al 8 % de la media europea.
Las recomendaciones no son vinculantes y no cambian nada de inmediato para quien alquila o busca piso. Si las administraciones las aplican, podrían ampliar la oferta de alquiler protegido y dar prioridad a personas con menos ingresos, familias con menores o en emergencia residencial.
Según el informe, entre 1962 y 2020 se construyeron en España unos 5,7 millones de viviendas protegidas, el 31,5 % de todas las edificadas en ese periodo. Muchas han dejado de estar sujetas a límites de venta o alquiler. El Defensor considera esa pérdida progresiva uno de los principales obstáculos para el acceso a una vivienda asequible. Pide que las nuevas mantengan su condición de forma permanente y se destinen preferentemente al alquiler.
El documento propone incentivos fiscales, acuerdos de cesión con grandes tenedores y programas públicos de intermediación para que las viviendas privadas desocupadas pasen al alquiler asequible. También plantea estudiar una prestación económica subsidiaria para los colectivos con más dificultades y pide que las ayudas al alquiler y a la rehabilitación se tramiten con más agilidad.
Mientras no exista un parque público suficiente, Gabilondo considera necesarias medidas extraordinarias para evitar los desahucios de personas vulnerables que no pueden afrontar las subidas del alquiler, según recoge EFE.
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